¿Qué hacer ante violencia familiar o de género y cómo se orientan las medidas urgentes?

Si hay peligro inmediato

Si hay un peligro inmediato para tu vida o tu integridad física, la prioridad no es hacer una denuncia ni entender qué ley corresponde. Es pedir ayuda de emergencia llamando al 911. Las líneas 144 y 137 pueden brindar asistencia y orientación, pero no reemplazan la intervención policial cuando existe una situación de peligro inmediato. La propia información oficial de la Línea 137 contempla la comunicación con el 911 cuando resulta necesario.

La violencia tampoco tiene que ser necesariamente una agresión física para que exista una situación que requiera protección. Puede haber amenazas, intimidación, control, aislamiento, violencia psicológica, sexual, económica o patrimonial, entre otras formas. La legislación argentina contempla distintos tipos y modalidades de violencia, incluida la violencia doméstica y determinadas formas de violencia ejercidas mediante tecnologías.

Por eso, si alguien te está amenazando, te controla, te persigue, te impide disponer de tus cosas, te expulsa de tu casa, te contacta insistentemente o existe una situación de violencia dentro de la pareja o la familia, no hace falta que primero resuelvas por tu cuenta qué figura jurídica corresponde. Hay organismos que pueden orientarte y, cuando corresponde, una autoridad judicial puede disponer medidas de protección urgentes.

Si necesitás ayuda ahora

Hay distintos canales y no todos cumplen la misma función.

La Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento a personas que están atravesando situaciones de violencia y riesgo. Es gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Tiene equipos interdisciplinarios y contempla los distintos tipos y modalidades de violencia reconocidos por la Ley 26.485. También ofrece WhatsApp y videollamadas para personas Sordas e Hipoacúsicas, según los canales informados oficialmente.

La Línea 137 está orientada específicamente a situaciones de violencia familiar y/o sexual y también atiende consultas relacionadas con grooming. Es gratuita y funciona las 24 horas, todos los días del año. Se puede llamar al 137 o comunicarse por WhatsApp al 11-3133-1000. Pueden brindar contención, información sobre derechos, articular con recursos locales y, cuando la persona quiere denunciar, acompañarla en ese proceso. En la información oficial también se menciona el acompañamiento a denunciar y, según el lugar, la articulación con organismos locales.

Esto es importante porque llamar al 144 o al 137 no significa automáticamente que estés haciendo una denuncia judicial. Son canales de asistencia y orientación. Pueden ayudarte a entender qué recursos existen y cuál puede ser el siguiente paso en tu situación.

También podés pedir orientación jurídica gratuita en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Son oficinas que brindan atención legal primaria gratuita, de manera presencial o remota, y pueden orientar sobre problemas jurídicos de la vida cotidiana, incluidos asuntos de familia. No son un único lugar donde necesariamente se tramita una medida de protección: el procedimiento concreto depende de la jurisdicción y de las características del caso.

Por eso no hay un único «mostrador» para todo el país. Según dónde estés, pueden intervenir una comisaría, una fiscalía, un juzgado con competencia en familia, una oficina especializada en violencia u otro organismo local. En CABA, por ejemplo, existe la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, y la Línea 137 informa sobre su articulación con ese organismo en los casos que corresponden. La vía concreta depende del lugar.

¿Qué pasa si la situación requiere una protección urgente?

Una de las cuestiones más importantes es entender que pedir ayuda no significa necesariamente esperar a que termine una causa para recién entonces estar protegido.

En determinadas situaciones, una autoridad judicial puede disponer medidas preventivas urgentes. Son medidas destinadas a reducir el riesgo y hacer cesar una situación de violencia mientras se aborda el resto del problema.

Una de las más conocidas es la llamada restricción perimetral o prohibición de acercamiento. En términos sencillos, puede establecerse que la persona señalada como agresora no se acerque a determinados lugares vinculados con quien necesita protección, como su vivienda, trabajo, lugar de estudio u otros lugares de concurrencia habitual. También puede ordenarse que cese la intimidación o perturbación.

La protección no se limita necesariamente a la presencia física. La ley también contempla la posibilidad de prohibir el contacto mediante tecnologías de la información, aplicaciones de mensajería o canales de comunicación digital. Esto permite que una medida de protección pueda abarcar también determinadas formas de contacto por teléfono, mensajes o medios digitales.

En situaciones de violencia doméstica, el juez puede además disponer la exclusión del agresor de la residencia común, independientemente de quién sea titular de la vivienda. Esto es particularmente importante porque la protección no depende simplemente de determinar a nombre de quién está la casa. También puede ordenarse el reintegro al domicilio de la mujer que se había retirado, una vez dispuesta la exclusión del presunto agresor, y puede establecerse acompañamiento de la fuerza pública para retirar efectos personales. En ese marco también pueden fijarse alimentos provisorios.

Por ejemplo, si una persona fue echada de su casa en el contexto de una situación de violencia y teme volver sola a buscar sus pertenencias, existen medidas que pueden contemplar el acompañamiento de la fuerza pública. Si hay amenazas o intimidaciones, puede pedirse una protección que incluya la prohibición de acercamiento o de contacto. Si hay chicos y la situación representa un riesgo, las medidas también pueden alcanzar provisionalmente cuestiones vinculadas con el régimen de comunicación.

No hace falta que quien está atravesando la situación conozca de antemano cuál de todas esas medidas corresponde. La evaluación concreta la realiza la autoridad que interviene, de acuerdo con las circunstancias del caso.

El juez puede ordenar una o más medidas preventivas urgentes, de oficio o a pedido, y puede adoptar otras medidas necesarias para garantizar la seguridad, hacer cesar la violencia y evitar que continúen los actos de intimidación, agresión o maltrato.

¿Qué pasa con los hijos?

Cuando hay hijos o hijas, la situación puede requerir medidas adicionales.

La protección no se limita necesariamente a la persona que sufrió directamente la violencia. Si existe un riesgo para niños, niñas o adolescentes, la autoridad puede adoptar medidas destinadas a protegerlos. Dentro de las medidas previstas para situaciones de violencia doméstica aparecen, entre otras, la suspensión provisoria del régimen de visitas y medidas para impedir interferencias en la guarda, crianza y educación de los hijos.

Esto no significa que una denuncia por violencia determine automáticamente cómo quedará organizado para siempre el cuidado de los hijos. Son cuestiones diferentes. En una situación urgente, lo que puede resolverse es una protección provisoria frente al riesgo existente.

Los temas de alimentos, cuidado y régimen de comunicación tienen además su propio tratamiento.Podés consultar alimentos, cuidado y visitas.Si también necesitás orientarte sobre el divorcio, está en divorcio y separación.

¿Qué leyes existen?

Recién después de entender cómo funciona la protección resulta útil ubicar las normas.

Una de las principales es la Ley 26.485, sancionada en 2009, que establece un régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La ley reconoce distintos tipos de violencia —entre ellos la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial— y distintas modalidades, incluida la violencia doméstica. También establece derechos vinculados con la asistencia, el acceso a la justicia y la protección judicial urgente.

En particular, el artículo 26 regula las medidas preventivas urgentes que puede disponer el juez. Entre ellas aparecen la prohibición de acercamiento, la prohibición de contacto, determinadas medidas de seguridad, la exclusión del agresor de la residencia común, el reintegro al domicilio en determinadas circunstancias y otras medidas de protección.

También existe la Ley 24.417, de 1994, que establece un régimen de protección contra la violencia familiar. Es parte del marco normativo argentino sobre estas situaciones y convive con la legislación posterior. No es necesario que una persona que está atravesando una situación urgente tenga que resolver por sí misma cuál de las dos leyes corresponde invocar. Lo importante es que existe un marco de protección y que las autoridades competentes pueden adoptar medidas según el caso.

Además, la Ley 26.485 establece derechos procesales importantes, entre ellos el acceso gratuito a las actuaciones, una respuesta oportuna y efectiva y el derecho a recibir protección judicial urgente y preventiva cuando están amenazados o vulnerados determinados derechos.

Una restricción no es una sentencia definitiva

Una medida de acercamiento, una exclusión del hogar u otra medida preventiva urgente tiene una finalidad concreta: proteger frente a una situación de riesgo.

No equivale, por sí sola, a una sentencia definitiva sobre todo lo ocurrido ni resuelve necesariamente el conjunto de las cuestiones familiares, patrimoniales o penales que puedan existir.

Además, las medidas tienen una duración determinada por la autoridad que interviene y pueden coexistir con otros procesos o decisiones. El juez puede disponer más de una medida simultáneamente y debe determinar su duración de acuerdo con las circunstancias del caso.

Por eso tampoco conviene interpretar una restricción como algo informal o simbólico. Si una autoridad judicial dispone una medida, hay que respetar exactamente lo que establece. Si recibiste una medida de este tipo, cumplila y buscá asesoramiento propio para entender su alcance y ejercer tus derechos. Esta guía no está pensada para explicar cómo evitarla o eludirla.

¿Hay que armar primero una estrategia penal?

No.

Si una persona está siendo amenazada o sufre violencia, es comprensible que piense inmediatamente en «qué delito es», qué pruebas tiene que conseguir o cómo debería plantear una causa. Pero quien está en una situación de riesgo no tiene que convertirse en especialista en derecho penal para pedir ayuda.

El objetivo inmediato es ponerse a salvo y acceder a los canales adecuados.

Después pueden existir diferentes actuaciones: una denuncia, una intervención judicial, medidas de protección, cuestiones relacionadas con los hijos y, eventualmente, una investigación penal si los hechos pudieran constituir un delito. Son cuestiones que pueden relacionarse entre sí, pero no hace falta resolverlas todas antes de buscar protección.

La Ley 26.485 contempla un procedimiento de protección urgente y reconoce el derecho a recibir una respuesta oportuna y efectiva y protección judicial urgente y preventiva.

Si una persona está acompañando a otra, tampoco necesita resolver jurídicamente toda la situación. La Línea 137, por ejemplo, informa expresamente que pueden comunicarse familiares, vecinos, instituciones y otras personas que necesiten orientación frente a una situación de violencia familiar o sexual.

¿Y si la persona tuvo que irse de su casa?

Irse de la vivienda para ponerse a salvo no significa necesariamente perder el derecho a volver a ella.

En situaciones de violencia doméstica, la Ley 26.485 contempla que el juez pueda ordenar el reintegro de la mujer que se había retirado, previa exclusión del presunto agresor. También contempla el acompañamiento de la fuerza pública para retirar efectos personales.

Por eso, si alguien se fue de su casa porque tenía miedo o porque la situación se volvió insostenible, no debería interpretar automáticamente que «como me fui, perdí mi casa». La situación concreta puede ser evaluada y pueden existir medidas de protección vinculadas con la vivienda.

¿Qué hacer, entonces?

Si hay peligro inmediato, llamá al 911.

Si necesitás contención, orientación o asesoramiento sobre una situación de violencia, podés comunicarte con la Línea 144, gratuita y disponible las 24 horas, todos los días.

Si se trata de violencia familiar o sexual, también podés comunicarte con la Línea 137, gratuita y disponible las 24 horas, o escribir por WhatsApp al 11-3133-1000. Pueden orientarte y, según la situación, articular con recursos locales y acompañar el acceso a la denuncia y a las medidas de protección.

Si necesitás orientación jurídica general, también existen los Centros de Acceso a la Justicia, que brindan atención legal primaria gratuita.

Y si estás atravesando una situación concreta, no hace falta que primero determines si corresponde una «perimetral», una exclusión del hogar, una denuncia penal o alguna otra medida. Esas decisiones dependen de las circunstancias y de la autoridad que intervenga. Lo importante es transmitir que existe una situación de violencia o riesgo y acceder al canal de ayuda correspondiente.

La autoridad que intervenga puede disponer una o varias medidas urgentes. Entre ellas puede estar la prohibición de acercamiento, la prohibición de contacto, la exclusión de la residencia común, el acompañamiento para retirar pertenencias y, cuando hay hijos y corresponde, medidas provisorias respecto del régimen de comunicación.

No hay un único procedimiento idéntico para todo el país: el organismo concreto que intervenga depende de la jurisdicción. Lo que sí existe es un marco de protección y distintos canales para pedir asistencia.

Si estás en peligro, priorizá tu seguridad y pedí ayuda inmediata.